A estas alturas nadie medianamente sensato es capaz de negar que la dictadura franquista se dedicó sistemáticamente a reprimir todo lo referente a identidades dentro de España. Se prohibieron fiestas tales como los carnavales, se atentó de manera constante contra la libertad de expresión, sobre todo la que tenía que ver con identidades regionales, y se prohibió hablar en gallego, valenciano, catalán, euskera y en los dialectos diversos de otras regiones. ¿Que estuvo mal? Sí, muy mal. Pero también es cierto que con la llegada de la democracia todo aquello se acabó. Se levantaron las restricciones, se volvieron a crear parlamentos autonómicos y se restauraron competencias. En algunos casos, determinadas autonomías adquirieron ciertas competencias por primera vez en su historia.
Pero las nuevas autonomías, sobre todo la vasca y la catalana, no se mostraron muy contentas. Seguían hablando de estado represor y no sé cuántas cosas más. Parece como si se sintieran muy cómodos en ese discurso y satisfechos de sentirse marginados como si todavía estuviera Franco, sólo que ya no estaba. Sus respectivos partidos nacionalistas han ido ocupando legislatura tras legislatura un gran porcentaje de escaños en el parlamento español, merced al generoso sistema electoral español para con ellos. Y se han dedicado de forma sistemática a garantizar la gobernabilidad de los dos partidos principales cuando sólo disponían de mayorías simples. Aunque, verdaderamente, lo que han hecho es chantajear al partido de turno a cambio de más competencias. Los ciudadanos vascos, gallegos, catalanes y valencianos son un tanto más ricos que los demás españoles ya que son bilingües. Por un lado cuentan con el castellano y por otro con sus respectivos idiomas autóctonos. Eso les ha dado privilegios frente a los demás españoles. Pongamos un ejemplo: ellos pueden opositar en todo el territorio nacional a cualquier escala funcionarial del Estado o autonómica; sin embargo, el resto de españoles no puede hacerlo en Cataluña, Galicia, Valencia o Euskadi.
El último despropósito es una ley aprobada por la Generalitat de Cataluña que obliga a todos los niños de allí a estudiar en catalán. Aun siendo dos los idiomas oficiales, el Parlament incumple una vez más la Constitución y los políticos españoles haciendo el Don Tancredo, mirando para otra parte, vamos, no se vayan a molestar en Cataluña. Tenemos unos políticos indignos de gobernarnos, pero ahí están y les seguimos votando. Los catalanes han metido la pata hasta el fondo. Cuando deberían garantizar la enseñanza en los dos idiomas y proporcionar los medios para que se aprendiese el otro, vuelven a marginar el castellano, privando a los niños catalanes de poder expresarse en una lengua que, quieran ellos o no, es infinitamente más universal que el catalán, haciendo gala una vez más de su necedad y de su aldeanismo. Además han hecho correr la creencia de que quien defiende el castellano es de derechas y que quien defiende el catalán es muy progre.
Pues yo soy madrileño, y a mucha honra, de un barrio obrero de tradición de izquierdas, y me parece que los de ciertas autonomías se están pasando, claro que existen los que se lo permiten. E insisto en que estamos gobernados por políticos mediocres. Soy castellanohablante y estoy orgulloso de ello al igual que de mi condición de ciudadano del mundo. Claro que, también soy consciente que después de escribir esto, lo mismo pertenezco al Estado represor y yo no lo sabía. Aunque también puede ser que ciertos políticos sean un tanto gilipollas y ellos tampoco lo sepan.
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