Torquemadas autonómicos

Cuando un niño es maltratado, es probable que en su madurez él mismo sea un maltratador, esto lo saben bien los psicólogos. La dictadura franquista maltrató y marginó a las provincias que hoy constituyen las autonomías hasta la saciedad. Les negó sus identidades culturales y políticas, llegando a prohibirles incluso hasta hablar en sus propias lenguas a aquéllas que tenían idiomas propios. Con la democracia, se restituyeron los derechos y aún hoy continúan los procesos de transferencias de competencias y de asignación de presupuestos. El estado español se está implicando en mayor o menor medida, dependiendo del partido que en determinados momentos está en el poder. Pero de lo que no cabe ninguna duda, es de que el proceso sigue adelante, con costes que incluso producen déficit en los presupuestos generales del Estado. Cabría esperar por parte de estas autonomías no ya agradecimiento, pues bajo mi punto de vista el Estado tenía el deber de restablecer los derechos de los ciudadanos en materia identitaria, pero sí una cierta empatía de las autonomías hacia el propio Estado. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Las autonomías piden más y chantajean al partido del gobierno, sobre todo si éste no tiene mayoría absoluta en el parlamento, apoyan sus mociones “a cambio de”. Y si en materia de educación el panorama es preocupante a nivel nacional, lo es más en las autonomías con idioma propio, en donde privan a los niños de estudiar en la lengua de Cervantes. Ignoran la riqueza de pertenecer a una autonomía bilingüe y se dedican a erradicar el español con un cierto grado de impunidad. Esto creará déficits difíciles de paliar a medio plazo. Nos quedaremos sin los escritores catalanes, vascos y gallegos ya que, como pueden comprender el president, el lehendakari y el de Galicia, si sus escritores no escriben en castellano, sólo serán leídos en su autonomía correspondiente. Por eso, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a escolarizar a los niños en castellano, hace un favor, no ya al estado español, que también, sino a los propios catalanes, que disfrutarán de una enseñanza bilingüe en catalán y en castellano, inglés aparte, que propiciará que los niños hablen tres idiomas. Otra cosa es que los que deben velar por el cumplimiento de la sentencia sean capaces de obligar a que se cumpla y no miren para otro lado.